Caza de brujas a los maestros

El Correo de Andalucia – Laura Blanco

150 docentes sevillanos fueron trasladados o inhabilitados después del golpe militar.

Tras el golpe militar de 1936, el Ejército sublevado que derrocó al Gobierno republicano tuvo una obsesión por controlar el sistema educativo, consciente de la “decisiva influencia” que los profesores “pueden ejercer a través de las jóvenes generaciones sobre el porvenir de la Patria”. Se trataba de barrer los ideales del laicismo, la igualdad de oportunidades y la solidaridad y extender los valores del nacionalcatolicismo. Por ello, desde muy pronto, en noviembre de 1936, el régimen franquista creó comisiones depuradoras cuya “sagrada misión” consistía sobre todo en abrir un expediente a todos los profesores en activo y rastrear en su carrera profesional y su entorno de amigos, familiares y colegas cualquier atisbo de colaboración con la República. En Sevilla, 1.152 maestros fueron investigados y a 170 se le imputaron delitos tan vagos como “la pasividad evidente de quienes pudiendo haber cooperado al triunfo del Movimiento Nacional no lo hubieren hecho” o “las acciones u omisiones que implicaron una significación antipatriótica”, como no “delatar” a compañeros. Al final, 151 fueron apartados definitiva o temporalmente de la carrera docente; trasladados de colegio o provincia o inhabilitados para cualquier cargo en instituciones de enseñanza.

Los historiadores Fernando Martínez, Leandro Álvarez y Sergio Mellado han elaborado el volumen Memoria viva de Andalucía, con el patrocinio de la Junta, que analiza a través de trabajos de varios expertos la represión durante la Guerra Civil y la dictadura, en cada provincia y por segmentos de población, como las mujeres, los periodistas o los docentes.

El profesor de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Almería Antonio Sánchez dedica un capítulo a El proceso de depuración del Magisterio en el que recopila datos de varios trabajos anteriores sobre la persecución sufrida por 6.264 maestros andaluces. En Sevilla, 41 profesores fueron apartados definitivamente de la carrera docente, 60 fueron suspendidos de empleo y sueldo temporalmente (las sanciones establecían entre un mes y dos años, que luego se ampliaron a cinco), 26 fueron trasladados fuera de la provincia en la que ejercían al estallar la guerra, 52 tuvieron que cambiar de colegio en su provincia, 8 fueron inhabilitados para cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza y otros 15 sufrieron diferentes sanciones.Se crearon comisiones depuradoras distintas para profesores de Universidad, enseñanzas medias y maestros, presididas por el director del instituto de la capital, y en las que figuraban dos “personas de máximo arraigo y solvencia moral y técnica”.

La de Sevilla estuvo presidida por Joaquín Sánchez Pérez. Su misión tenía un carácter “no solo punitivo sino también preventivo”: debían abrir un expediente a cada maestro y recabar informes del alcalde del pueblo, el párroco, la Guardia Civil y demás autoridades. Tras examinarlos, decidía si los imputaba. En tal caso, el profesor podía alegar a través de “hojas de descargo”. La mayoría trataron de desmentir las acusaciones o justificar su relación con el bando republicano por ayudar a un amigo o familiar. No todos se libraron.

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Una respuesta

  1. Cuanta honra y sabiduría
    se perdíó en Andalucía
    por culpa de estos canallas
    que la muerte traían.

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